Cuando se anunció la visita apostólica de León XIV al Perú, tengo que reconocer que no me generó demasiada emoción.
Después de haber visto cómo ha actuado la Iglesia frente a determinadas situaciones, mi confianza en las autoridades eclesiásticas estaba bastante deteriorada. No tenía mayores expectativas.
Sin embargo, decidí asistir a la vigilia de jóvenes. Todavía estaba dentro del rango de edad permitido y, más allá de cualquier consideración personal, entendía que se trataba de un acontecimiento histórico.
Sería ingrato decir que salí de allí sin que algo me conmoviera.
No fueron necesariamente los discursos de los tres jóvenes que intervinieron, ni aquella obra de teatro que terminó siendo la cereza de una presentación bastante accidentada por los problemas de sonido.
Lo que realmente me conmovió fue la fe y la esperanza de miles de jóvenes.
Me conmovió Robert Prevost. Escuchar Alma misionera me puso la piel de gallina y, por un momento, experimenté una alegría profunda en el corazón. Volví a sentirme amado por Jesús.
Y pensé: «¡Qué bien se está aquí, Señor!».
Fue, salvando las distancias, una pequeña experiencia tabórica.
Por un momento, incluso, sentí la necesidad de volver a participar activamente de una comunidad. De recuperar algo de aquello que alguna vez significó para mí vivir la fe junto a otros.
Y eso fue bonito. Muy bonito.
Pero después, con un poco más de distancia, empecé a pensar en lo que ocurre cuando termina la vigilia, cuando hay que bajar del escenario, salir del Estadio Nacional y encontrarse nuevamente con una realidad que no siempre resulta tan emocionante.
Una realidad en la que hay personas olvidadas, estafadas y dañadas por instituciones a las que alguna vez decidieron entregar buena parte de sus vidas.
Durante la vigilia cantamos Alma misionera. Miles de jóvenes repetíamos aquello de «Llévame donde los hombres necesiten tus palabras».
Y me quedé pensando en esa frase.
¿Dónde están esas personas?
Quizá algunas ya no están dentro de nuestras comunidades. Se marcharon después de haber sido heridas, decepcionadas o simplemente porque dejaron de encontrar allí el lugar que alguna vez consideraron su casa.
Otras todavía permanecen dentro, pero también necesitan recuperar la alegría y la esperanza. Necesitan saber que no están solas y que sus preguntas no las convierten en enemigas de aquello en lo que creen.
Porque es fácil cantar que queremos ir donde nos necesiten. Lo difícil es acercarnos a quienes nos obligan a revisar nuestras propias responsabilidades.
Quizá por eso últimamente me siento un poco como Ahsoka Tano, aquel personaje de Star Wars que, después de ser acusada injustamente y apartada de la Orden Jedi, decidió no regresar cuando el Consejo le ofreció hacerlo. Su alejamiento no significó que hubiera renunciado a aquello en lo que creía. Continuó defendiendo la justicia y protegiendo a quienes lo necesitaban, aunque ya no lo hiciera bajo la autoridad de la Orden.
Y quizá ahí encuentro una parte de mí. No necesariamente en sus batallas ni en sus aventuras, sino en esa contradicción de seguir sintiendo afecto por aquello que alguna vez formó parte de tu vida, conservar algunas de sus enseñanzas y, al mismo tiempo, reconocer que ya no puedes confiar en la institución que decía representarlas.
Pero mientras miles de jóvenes celebrábamos la posibilidad de encontrarnos con el Papa, había otras personas que vivían esos días desde un lugar completamente distinto.
Para algunas víctimas de abusos dentro de la Iglesia, la visita de León XIV representaba una oportunidad que llevaban tiempo esperando: poder ser escuchadas, contar lo ocurrido y obtener alguna respuesta de una institución que, en muchos casos, les había dado la espalda.
Sin embargo, la expectativa de ese encuentro también estuvo acompañada de incertidumbre. José Enrique Escardó expresó públicamente su malestar por la manera en que, según su testimonio, se gestionó la posibilidad de que las víctimas fueran recibidas por el Pontífice.
Su crítica fue especialmente dura: la Iglesia pudo haber comunicado con anticipación que algunas víctimas tendrían la oportunidad de reunirse con León XIV, pero dejó que cientos de personas permanecieran preocupadas, ansiosas y esperanzadas ante la posibilidad de ser escuchadas. Para quienes finalmente no tuvieron ese encuentro, la espera terminó convirtiéndose en una nueva frustración.
Hay una frase de Escardó que merece detenernos: las víctimas no solo necesitan ser escuchadas; necesitan que esa escucha tenga consecuencias. Como él mismo expresó en otra publicación: «Escuchar no es el final del camino, es el inicio de uno que debería llevar a la acción».
Y creo que ahí está uno de los problemas centrales. Porque escuchar a las víctimas no puede convertirse en un gesto protocolar, una fotografía o un momento emotivo dentro de una agenda papal. Mucho menos puede ser presentado como una respuesta suficiente frente a años de denuncias, silencios y demandas pendientes.
La pregunta, entonces, no es solamente quién tuvo la oportunidad de hablar con el Papa. También es qué ocurre después de ese encuentro. ¿Quién acompaña a esas personas? ¿Quién responde a sus demandas? ¿Qué medidas concretas se adoptan para reparar el daño y evitar que vuelva a ocurrir?
Pero esa escucha también debe mantenerse cuando las denuncias apuntan hacia dentro de la propia institución.
Y es precisamente en este punto donde quiero detenerme en monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima.
Durante el encuentro del papa León XIV con los jóvenes, Castillo recordó a Inti Sotelo y Bryan Pintado, los dos jóvenes asesinados durante las protestas de noviembre de 2020. Su mención fue un gesto legítimo. Recordar a quienes perdieron la vida en circunstancias de violencia estatal y mantener viva su memoria es algo que no debería generar controversia.
Pero hay una pregunta que me parece necesario plantear: ¿esa misma sensibilidad se mantiene cuando las víctimas señalan responsabilidades dentro de la propia Iglesia?
Y aquí la cuestión deja de ser únicamente qué palabras pronuncia un arzobispo durante una celebración pública. También importa qué hace desde la responsabilidad que ocupa. Porque Carlos Castillo no es solamente una voz que puede pronunciar discursos sobre la justicia social; es también el pastor de una Iglesia local que debe responder ante las personas que han sufrido daños dentro de ella.
¿Qué significa, entonces, escuchar a las víctimas desde la Arquidiócesis de Lima? ¿Basta con recibirlas, ofrecerles palabras de acompañamiento y permitir que sus historias sean conocidas? ¿O esa escucha debe traducirse en decisiones, mecanismos de protección, transparencia y respuestas concretas?
Un episodio concreto permite entender por qué estas preguntas no son abstractas. Ocurrió el 30 de junio de 2026. Ese día, Jaime Baertl Gómez presidió una misa en la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación, en Camacho, La Molina, con motivo de un nuevo aniversario de la muerte de una familiar.
A primera vista, podría parecer una celebración privada, de carácter familiar. Sin embargo, había un detalle que no podía pasar inadvertido: Baertl había sido expulsado del Sodalicio de Vida Cristiana por decisión aprobada por el papa Francisco el 23 de octubre de 2024.
La decisión de la Santa Sede fue comunicada públicamente por la Nunciatura Apostólica. En ella se mencionaban, entre los motivos considerados, la gravedad de un abuso sexual cometido por uno de los dos miembros expulsados y la responsabilidad de ambos en irregularidades e ilícitos económicos vinculados a empresas del Sodalicio. El comunicado no identificó cuál de los dos había sido señalado por el abuso sexual, por lo que no corresponde atribuirle ese motivo a Baertl de manera automática.
Pero la pregunta sobre su presencia en el altar no desaparece por ello.
Martín Scheuch, en su artículo «Jaime Baertl: expulsado del Sodalicio, pero todavía en el altar», publicado el 7 de julio de 2026, planteó un problema de naturaleza canónica: qué condiciones debía cumplir Baertl para volver a ejercer públicamente el ministerio sacerdotal después de su expulsión.
El canon 701 del Código de Derecho Canónico establece que un clérigo expulsado legítimamente no puede ejercer las órdenes sagradas hasta que un obispo lo reciba en su diócesis después de un periodo de prueba o le permita ejercerlas. Aunque el Sodalicio era una sociedad de vida apostólica y no un instituto religioso, el canon 746 dispone que las normas sobre expulsión contenidas en los cánones 694-704 se aplican también a estas sociedades, con las adaptaciones correspondientes. Por tanto, la pregunta es qué condiciones canónicas regían la situación de Baertl y si existía una autorización que le permitiera ejercer públicamente el ministerio sacerdotal.
Hasta donde llega la información pública que hemos podido revisar, no contamos con una explicación oficial que permita establecer bajo qué autorización o condición canónica Baertl presidió aquella celebración. Tampoco tenemos elementos para afirmar que monseñor Carlos Castillo conociera previamente el hecho o que hubiera autorizado personalmente la misa.
Y precisamente por eso considero que corresponde formular las preguntas.
No se trata de preguntas menores ni de simples formalidades administrativas. Cuando una institución ha reconocido públicamente la gravedad de los abusos y las irregularidades cometidas en su interior, también debe poder explicar cómo garantiza que sus decisiones se cumplan y que las personas afectadas no vuelvan a quedar desprotegidas.
No estamos afirmando que monseñor Carlos Castillo haya autorizado personalmente aquella celebración, ni que conociera de antemano la participación de Baertl. Tampoco contamos con elementos suficientes para atribuirle una responsabilidad directa en los hechos. Pero sí estamos ante una situación que involucra a una parroquia de Lima y que plantea interrogantes sobre la supervisión pastoral y el ejercicio público del ministerio sacerdotal.
Por ello, sería importante conocer:
- ¿Tenía la Arquidiócesis de Lima conocimiento de que Jaime Baertl presidió la misa del 30 de junio de 2026 en Nuestra Señora de la Reconciliación?
- ¿Cuál era la situación canónica de Baertl en esa fecha y qué autoridad había autorizado, de ser el caso, el ejercicio público de su ministerio?
- ¿La Arquidiócesis verificó que se cumplieran las disposiciones canónicas correspondientes después de su expulsión del Sodalicio?
- ¿Qué mecanismos de supervisión se aplican a los sacerdotes que, tras dejar una sociedad de vida apostólica, buscan continuar ejerciendo públicamente el ministerio?
- ¿Qué medidas concretas está impulsando la Arquidiócesis de Lima para atender a las víctimas de abusos y garantizar que sus denuncias sean escuchadas, investigadas y acompañadas?
Son preguntas que merecen respuestas institucionales. Y sería injusto no ofrecer a la Arquidiócesis la oportunidad de explicar su actuación y aclarar los puntos que todavía no cuentan con información pública suficiente.
Porque si hablamos de una Iglesia que quiere escuchar a las víctimas, también debemos preguntarnos si está dispuesta a responder cuando se le pide explicaciones.
Al comienzo de este texto conté que llegué a la vigilia de jóvenes sin demasiadas expectativas y que, contra todo pronóstico, terminé viviendo una experiencia que me conmovió profundamente. No quiero restarle valor a aquello que sentí. La alegría fue real, como también lo fue la emoción de escuchar a miles de jóvenes cantar juntos y sentir, por un momento, que todavía había un lugar para mí en medio de todo aquello.
Pero esa experiencia también me dejó una pregunta que no puedo ignorar.
¿De qué sirve hablar de esperanza si no somos capaces de acompañar a quienes la han perdido precisamente por culpa de nuestra propia institución? ¿De qué sirve invitar a los jóvenes a salir al encuentro de quienes necesitan nuestras palabras si después no somos capaces de escuchar a quienes llevan años pidiendo respuestas?
No basta con recordar a las víctimas. Tampoco basta con recibirlas, tomarse una fotografía o dedicarles unos minutos en una agenda papal. Escuchar implica asumir responsabilidades. Implica investigar, ofrecer información, reconocer los errores, reparar el daño y garantizar que situaciones como las que tantas personas han denunciado no vuelvan a repetirse.
Y esto no es una exigencia desmedida. Es lo mínimo que cabe esperar de una institución que anuncia el Evangelio y que constantemente nos habla de misericordia, justicia y dignidad humana.
No espero que monseñor Carlos Castillo tenga respuestas para todos los problemas que atraviesa la Iglesia, ni que pueda resolver por sí solo las heridas que dejaron años de abusos y de respuestas institucionales insuficientes. Pero sí considero legítimo preguntarle qué está haciendo desde la responsabilidad que le corresponde. Porque la autoridad pastoral no se ejerce únicamente desde el púlpito o durante una celebración multitudinaria. También se demuestra cuando toca afrontar los problemas que incomodan, escuchar a quienes cuestionan y dar explicaciones cuando son necesarias.
Quizá por eso sigo pensando en aquella canción que cantamos durante la vigilia: «Llévame donde los hombres necesiten tus palabras».
Hoy me pregunto si estamos dispuestos a llevar esas palabras también a quienes fueron dañados por la Iglesia. Y, sobre todo, si estamos dispuestos a escucharlos cuando ya no necesitan más palabras, sino respuestas.
Me gustaría volver a sentir que puedo estar en una comunidad sin tener que hacerme el desentendido frente a estas contradicciones. Me gustaría que aquella alegría que experimenté en el Estadio Nacional no fuera solamente un momento excepcional, sino el reflejo de una Iglesia capaz de vivir aquello que predica.
Porque todavía creo que hay algo valioso que merece ser defendido. Pero defenderlo no significa proteger a una institución de sus propias responsabilidades. A veces, precisamente por lo que uno cree, es necesario señalar aquello que está mal.
Y si algo me dejó esta visita de León XIV, es que no quiero renunciar a la esperanza. Pero tampoco quiero que me pidan confundirla con el silencio.







Deja una respuesta