Debo empezar este nuevo artículo agradeciendo a quien fue mi capellán y asesor espiritual durante muchos años: Sebastián Vallejo.
Aunque en uno de mis artículos recientes lo presentamos como A.K.A. «Reflexiones FASTA», ya a comienzos de año me había referido a él como aquel capellán que jugó a ser un jinete del Apocalipsis y terminó siendo apenas el jinete de sus propias frustraciones.
Pero hoy toca agradecerle.
No imaginé que el personaje despertara tanto interés ni que el artículo tuviera semejante repercusión. Aunque, pensándolo bien, compartirlo con algunos integrantes de su club de admiradores incondicionales ayudó a que se convirtiera en uno de los textos más leídos de este pequeño espacio.
Así que, muchas gracias, Sebas.
De alguna manera, te estás convirtiendo en el nuevo embajador de este blog. Y eso, naturalmente, hay que reconocerlo.
«Te damos las muchas gracias, te damos las muchas gracias. De todo corazón. ¿Por qué? Porque se lo merece, porque se lo merece, porque se lo merece. De todo corazón».
Ahora sí, vayamos a temas verdaderamente importantes.
Esta semana, el papa León XIV llega a Lima.
Cuando este artículo se publique, el papa León XIV estará en Argentina. Y aunque las preguntas que aquí planteamos parten de un caso ocurrido en Perú, no son exclusivas de nuestra realidad. Lo que ocurre en Lima también interpela a quienes forman parte de FASTA en Argentina y en las demás jurisdicciones donde está presente. Porque hay una cuestión que atraviesa a la institución y que merece ser discutida más allá de cualquier frontera: ¿en qué momento el prestigio de la estructura, sus logros y su crecimiento terminaron ocupando un lugar más importante que las personas?
No podemos olvidar que FASTA nació en Argentina y que se define a sí misma como una «Ciudad Miliciana». Por eso, lo que sucede en una jurisdicción no debería despacharse como un problema local ni como una dificultad ajena a las demás comunidades. Es una cuestión que merece ser examinada por toda la Ciudad Miliciana.
Y esto tampoco es una discusión exclusiva de FASTA. La llegada de León XIV nos ofrece la oportunidad de plantear preguntas que atraviesan a la Iglesia católica sudamericana: qué lugar ocupan las personas dentro de nuestras instituciones, qué responsabilidad asumen quienes ejercen autoridad y qué estamos dispuestos a hacer cuando la protección del prójimo entra en tensión con el prestigio de una estructura. Porque ninguna obra, por importante que sea, puede estar por encima de las personas a las que debería servir.
El artículo «Sebastián Vallejo, A.K.A. “Reflexiones FASTA”» no fue la primera publicación de este espacio que generó comentarios en el grupo de Oficializados de FASTA Lima.
Ya en mayo de este año, cuando estalló la controversia en torno al sacerdote Omar Sánchez Portillo, también se compartió en aquel grupo un video de YouTube en el que apareció la persona presentada públicamente como víctima. Allí negó esa condición y ofreció una explicación sobre las fotografías difundidas por Epicentro.
Según su relato, una de las imágenes correspondía a una ocasión en la que se había vestido de sacerdote en tono de broma. Sobre la otra, en la que aparecía junto al sacerdote con el torso descubierto, explicó que había sido tomada durante la pandemia de COVID-19, en circunstancias vinculadas al trabajo de asistencia social y gestión de albergues. Según contó, la falta de espacio obligaba al equipo a compartir ambientes y turnarse para descansar cerca de la habitación parroquial.
Para algunos miembros oficializados de FASTA Lima, aquellas explicaciones fueron suficientes para dar por válida la versión del entrevistado y descartar los señalamientos contra el sacerdote Omar Sánchez.
Varios comenzaron a agradecer a quien había compartido el video. Sin embargo, hubo un mensaje que me llamó especialmente la atención. Decía: «Esto es pura difamación, como lo que intenta hacer Lucas Medina».
Aquella reacción no quedó sin respuesta. Semanas después, el 9 de junio, publiqué el artículo La tibieza del laico y el prestigio de la estructura, donde me dirigí directamente a quien había cuestionado mi trabajo:
«Y sinceramente, señora, si usted considera que todo lo mencionado acá es falso, mi correo está abierto:
lucas.macarias@gmail.com
Puede escribirme con las pruebas necesarias para esclarecer los hechos que acá se mencionan».
No me limité a formular una invitación a contrastar la información. También adjunté documentación sobre la sanción canónica impuesta al sacerdote Guillermo Varela, de FASTA.
Pero el asunto que quiero abordar aquí va más allá de aquella discusión.
Lo que me interesa es examinar con qué explicaciones nos quedamos tranquilos, qué pruebas consideramos suficientes y en qué momento dejamos de hacer preguntas.
Porque cuando se trata de posibles situaciones de abuso dentro de la Iglesia, no debería bastarnos con encontrar una versión que confirme lo que queremos creer. Tampoco debería considerarse un ataque a la institución pedir que se investiguen los hechos o exigir medidas que protejan a sus integrantes.
La pregunta no es qué versión nos resulta más cómoda. La pregunta es qué se hizo para esclarecer los hechos y proteger a las personas involucradas.
¿Omar Sánchez, caso cerrado?
El 3 de noviembre, Reinaldo Nann publicó en Infobae una columna titulada «Omar Sánchez, ¿caso cerrado? Las preguntas que García Camader aún debe responder». El título ya plantea una interrogante que merece nuestra atención: ¿realmente se puede considerar cerrado un caso cuando todavía existen preguntas sobre la actuación de las autoridades responsables de investigarlo?
Nann parte de un hecho concreto: el 27 de octubre, Omar Sánchez anunció que las investigaciones fiscal y eclesiástica habían sido archivadas. Sin embargo, el autor cuestiona que ese desenlace pueda interpretarse como una respuesta definitiva a todos los elementos que rodearon la controversia.
Para comprender su planteamiento, hay que detenerse en una distinción que atraviesa toda la columna. Una cosa es determinar si existió abuso sexual contra una persona adulta vulnerable. Otra, diferente, es examinar si las conductas atribuidas al sacerdote podrían constituir otras infracciones desde el punto de vista del derecho canónico.
No son necesariamente la misma investigación ni responden a las mismas preguntas.
Lo que el archivo no necesariamente responde
Para desarrollar su argumento, Nann recupera las publicaciones de Epicentro TV del 28 de abril y del 16 de mayo de 2026. Menciona tres elementos que considera relevantes: la denuncia presentada por la madre de Nicolás, una fotografía en la que aparecerían ambos hombres acostados en una cama y con el torso desnudo, y capturas de conversaciones de WhatsApp que, según el columnista, mostrarían intercambios de contenido afectivo y sexual.
También recoge la intervención pública de Nicolás en el pódcast Gatos x Liebre, el 16 de mayo. En esa conversación, Nicolás habría reconocido su identidad en la fotografía, la existencia de la denuncia presentada por su madre y negado haber sido víctima de abuso por parte del sacerdote.
Sin embargo, Nann considera que esa declaración no agota las preguntas sobre el caso. Una declaración pública no equivale, por sí misma, a una resolución judicial o canónica; del mismo modo, el archivo de una investigación por una imputación específica no permite concluir automáticamente que todas las conductas relacionadas hayan sido examinadas.
La dimensión canónica: una responsabilidad distinta
Nann sostiene que las conductas atribuidas a Omar Sánchez también debían ser examinadas desde las disposiciones del Código de Derecho Canónico relativas a los delitos contra el sexto mandamiento, particularmente el canon 1395.
Su planteamiento distingue entre la eventual existencia de abuso sexual y la posibilidad de que un clérigo incurra en otras conductas contrarias a sus obligaciones. Desde esa perspectiva, el eventual consentimiento entre adultos no resolvería automáticamente la cuestión disciplinaria que corresponde examinar a la autoridad eclesiástica.
Es importante precisar el alcance de este argumento: Nann plantea la necesidad de examinar una posible responsabilidad canónica; no demuestra, por el solo contenido de su columna, que Omar Sánchez haya cometido un delito canónico. Esa determinación corresponde a la autoridad competente, a partir de los hechos acreditados y de la norma aplicable.
La pregunta que deja planteada, entonces, es: ¿la investigación eclesiástica se limitó a determinar si existió abuso sexual o examinó también las demás conductas que podían resultar relevantes para el derecho canónico?
Nann recuerda, además, que el 2 de mayo de 2026 la diócesis de Lurín comunicó el inicio de una investigación bajo las disposiciones del motu proprio Vos estis lux mundi. A partir de ello, cuestiona el alcance de la actuación diocesana y pregunta si se examinaron todas las posibles responsabilidades derivadas de los hechos.
No se trata únicamente de conocer el resultado. También importa saber qué se investigó, qué elementos fueron examinados y cuáles fueron los fundamentos de la decisión.
La responsabilidad no termina en el sacerdote
La columna desplaza entonces su atención hacia el obispo de Lurín, Carlos García Camader.
Nann le plantea preguntas sobre la diligencia de la investigación, el examen de las fotografías y las conversaciones difundidas, y las medidas que se habrían adoptado para proteger a las personas vulnerables vinculadas con la Asociación de las Bienaventuranzas y Cáritas Lurín.
También cuestiona que Sánchez continúe desempeñándose como secretario general de Cáritas Lurín y plantea la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y supervisión en las instituciones relacionadas con su actividad.
Entre sus propuestas menciona restricciones a los encuentros privados y las pernoctaciones en espacios bajo responsabilidad del sacerdote, supervisión de las actividades asistenciales y mayor control financiero de la asociación.
Hay que distinguir aquí las propuestas del columnista de las medidas que efectivamente haya adoptado o dejado de adoptar la diócesis. Nann plantea una preocupación sobre la protección de personas vulnerables y la responsabilidad institucional; su columna, por sí sola, no acredita que haya existido encubrimiento por parte del obispo.
Sin embargo, sí deja una cuestión que no debería pasar inadvertida: la responsabilidad de una autoridad eclesiástica no se agota en comunicar que una investigación terminó. También debe poder explicar qué se investigó, qué medidas se tomaron y cómo se garantiza que las personas bajo su protección no queden expuestas a situaciones de riesgo.
Una Iglesia que no cuida a su prójimo
Y esto ya no interpela solamente a FASTA. Interpela a toda la Iglesia católica.
Porque tampoco basta con señalar que en determinados grupos católicos falta formación doctrinal porque se limitan a cantar El granito de mostaza. Ni basta con cuestionar que un sacerdote no respete la tradición litúrgica, que alguien tenga hijos fuera del matrimonio o que determinada persona tenga una orientación sexual que no compartimos.
¿Y el cuidado del prójimo? ¿Y la protección de las personas vulnerables? ¿Y la responsabilidad de quienes tienen autoridad dentro de la Iglesia?
Podemos discutir sobre doctrina, liturgia y moral durante horas. Pero si no somos capaces de cuidar al prójimo, de exigir explicaciones y de proteger a quienes más lo necesitan, ¿qué estamos defendiendo exactamente?
Si no somos capaces de cuidar al prójimo, no hay doctrina ni sacralidad que podamos defender con credibilidad.
Y lo digo también desde mi propia experiencia. Yo fui un miliciano huelepedos de la burocracia, de esos que estaban pendientes del error ajeno, de quién tenía hijos fuera del matrimonio, de qué orientación sexual tenía tal persona o de quién no vivía como supuestamente debía hacerlo un católico.
Conozco esa mirada porque también participé de ella. Pero hoy me pregunto por qué esa misma atención no siempre aparece cuando las preguntas apuntan hacia quienes tienen responsabilidades de gobierno, formación y protección dentro de la Iglesia.
El caso de Omar Sánchez y las preguntas que plantea Reinaldo Nann no deberían despacharse como un asunto incómodo ni como una controversia que conviene dejar atrás. El eventual archivo de una investigación no elimina la obligación de esclarecer qué se investigó, qué medidas se adoptaron y cómo se protege a las personas vulnerables.
La Iglesia no puede exigir a sus fieles una vigilancia permanente sobre la conducta moral de los demás y, al mismo tiempo, mostrar menos disposición a examinar cómo actúan quienes tienen responsabilidades de autoridad.
¿El obispo de Lurín dejará activada esta bomba antes de la visita del papa León XIV al Perú?
Y más allá de lo que responda el obispo, ¿estamos dispuestos, como católicos, a hacernos estas preguntas?
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